Justicia tardía en Jalisco: Ex policías de Lagos de Moreno sentenciados a 40 años por desaparición forzada de cuatro jóvenes potosinos
En un veredicto que busca sentar precedente en la erradicación de la impunidad, un juez federal impuso 40 años de prisión a cuatro ex elementos de la policía municipal de Lagos de Moreno, Jalisco, por su responsabilidad en la desaparición forzada de cuatro jóvenes originarios de San Luis Potosí.
Este fallo, dictado tras una exhaustiva pesquisa de la Fiscalía General de la República (FGR), no solo impone la pena corporal, sino que también obliga a los condenados a resarcir el daño causado a las familias y les suspende de por vida sus derechos civiles y políticos, subrayando la gravedad de abusos cometidos por figuras de autoridad.
Los implicados, identificados como Erick Irineo Hernández Larios, Óscar Abascal Polito, Juan Manuel Márquez de la Paz y Seyed Muhammad Husain Martínez Orozco, fueron capturados en mayo de 2022 por agentes del Ministerio Público Federal, dependientes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada. Abusando de su cargo en la corporación de seguridad local, estos ex policías privaron ilegalmente de la libertad a las cuatro víctimas en 2022, en un acto que evidenció la vulnerabilidad de los derechos humanos ante la corrupción institucional.
La FGR presentó pruebas irrefutables durante el proceso judicial, que demostraron la participación directa de los acusados en los hechos.
El juicio, llevado a cabo en el ámbito federal, culminó con la resolución del juez de la causa, quien validó la cadena de evidencias recopiladas. Este caso resalta el compromiso de las autoridades federales por combatir la desaparición forzada, un flagelo que ha cobrado miles de víctimas en México y que, en ocasiones, involucra a los mismos encargados de proteger a la ciudadanía. La sentencia no solo cierra un capítulo doloroso para las familias de los desaparecidos, sino que envía un mensaje disuasorio a servidores públicos que traicionan su juramento.
En el contexto más amplio de la crisis de desapariciones en el país, este fallo representa un paso adelante, aunque las familias continúan exigiendo no solo justicia penal, sino también la localización de sus seres queridos. Las autoridades federales han enfatizado que seguirán profundizando en investigaciones similares para desmantelar redes de impunidad, recordando que ningún abuso de poder quedará impune.