La Fiscalía de Zacatecas solicita desafuero de Mauro Jáuregui, alcalde de Apulco, por graves acusaciones

La Fiscalía solicita desafuero del alcalde Mauro Jáuregui para proceder con investigación penal

Introducción: La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) ha tomado un paso decisivo al solicitar formalmente el desafuero de Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, actual alcalde de Apulco, Zacatecas. Este proceso busca permitir que las autoridades investiguen y, de ser necesario, actúen legalmente contra el edil. Sin embargo, los motivos específicos de esta solicitud aún no han sido revelados oficialmente, aunque medios de comunicación han señalado posibles acusaciones graves en su contra.

Intermedio: La petición fue enviada a la Comisión Jurisdiccional de la 65 Legislatura del Congreso de Zacatecas, donde la FGJEZ argumenta que cuenta con pruebas suficientes para que Jáuregui Muñoz enfrente un proceso judicial. Extraoficialmente, se menciona que los cargos podrían incluir tentativa de homicidio y presunta asociación delictuosa.

Reportes nacionales sugieren que el alcalde de Apulco podría estar vinculado con figuras del crimen organizado que operan en la región, incluyendo a líderes de un conocido grupo. Específicamente, se le ha relacionado con Gerardo González Ramírez, identificado como un líder de una organización que tiene presencia en la zona. Estos presuntos vínculos y otros incidentes recientes han generado preocupación en el ámbito estatal, pues en casos anteriores, como el del exalcalde de Guadalupe, Julio César "N", se han tomado medidas similares que culminaron en un desafuero en 2023.

Además, la campaña y posterior elección de Jáuregui Muñoz no estuvieron exentas de controversia. El proceso electoral en Apulco fue interrumpido por incidentes que generaron temor entre los funcionarios electorales. En una de las situaciones más graves, personas armadas ingresaron al Consejo Municipal Electoral y tomaron materiales sensibles del proceso electoral, lo cual provocó la renuncia de varios empleados que denunciaron amenazas.

Para que este desafuero se haga efectivo, el Congreso estatal deberá emitir una Declaratoria de Procedencia, lo que retiraría la inmunidad del alcalde y permitiría que enfrente las acusaciones bajo el marco legal.